Por Observatorium Ambiental
En un contexto de creciente demanda global por minerales esenciales para la transición energética, los legisladores brasileños están avanzando en proyectos controvertidos que buscan legalizar la minería en tierras indígenas de la Amazonía. Esta movida, que posiciona a Brasil como proveedor clave de recursos para baterías de vehículos eléctricos y paneles solares, ya ha generado cientos de solicitudes de concesiones mineras en áreas protegidas. Sin embargo, expertos y organizaciones indígenas advierten que estas iniciativas no solo violan la Constitución brasileña, sino que intensificarán la deforestación, la contaminación por mercurio y la violencia contra comunidades tradicionales.
La Expansión Ilegal de la Minería: De la Crisis Humanitaria a la Legalización
La Constitución brasileña prohíbe estrictamente la minería ilegal en tierras indígenas bajo cualquier circunstancia. No obstante, la alta demanda de minerales, especialmente oro, ha impulsado invasiones sistemáticas. Desde 2018, el área de minas de oro en la Amazonía se ha duplicado, representando un aumento del 1.217% desde 1985, mientras el valor del metal se ha triplicado, alcanzando récords históricos.
Desde 2023, el gobierno federal ha intensificado operativos contra mineros ilegales, infligiendo golpes significativos a redes criminales. En el Territorio Indígena Yanomami —el más grande de Brasil—, estas acciones han causado pérdidas superiores a los 500 millones de reales (93 millones de dólares) para los garimpeiros hasta mediados de octubre de 2025, reduciendo drásticamente las áreas afectadas. En las tierras Sararé y Munduruku, autoridades han demolido cientos de campamentos, excavadoras y búnkeres utilizados para ocultar equipo y armas vinculados a sindicatos criminales locales.
Estas medidas responden a una crisis humanitaria y ambiental agravada por la minería ilegal: deforestación explosiva, contaminación de ríos con mercurio y un aumento de la violencia en comunidades indígenas, como alertó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe de 2025. Imágenes de minas ilegales en el Territorio Munduruku, capturadas por Greenpeace, muestran maquinaria pesada extrayendo oro a escala industrial, con avionetas transportando suministros a través de la selva.
A pesar de estos avances, el Congreso brasileño avanza en dirección opuesta. Proyectos como el PL 1331/2022 y el PL 6050/2023 buscan legalizar la minería y otras actividades económicas a gran escala en tierras indígenas, incluyendo petróleo, gas, hidroeléctricas y más. En agosto de 2025, ambos fueron aprobados por la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado, generando alarma entre expertos.
Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima —una red de organizaciones civiles brasileñas por la acción climática y ex presidenta del IBAMA (Agencia Brasileña de Medio Ambiente)—, describe el momento como "ideal para la agenda controvertida de la minería". "Brasil vive un entorno político y económico favorable a la expansión minera, impulsado por su riqueza geológica, la narrativa de una 'ventana de oportunidad' para convertirse en potencia mineral en la transición energética, presiones internacionales y lobby interno por más suministro de minerales críticos", afirmó Araújo a Mongabay. Agregó que este entusiasmo "avanza más rápido que las salvaguardas", aumentando riesgos de tragedias socioambientales como los derrames en Brumadinho y Mariana, ignorando la rigidez locacional de los depósitos en áreas de alto valor en la Amazonía y el Cerrado, incluyendo tierras indígenas, y priorizando proyectos sin fortalecer el licenciamiento técnico.
Contradicciones en la Transición Energética: Minerales Críticos vs. Protección Ambiental
La presión surge de una paradoja: los objetivos de transición energética para reducir combustibles fósiles han generado un apetito voraz por minerales críticos como litio, níquel, cobre y tierras raras, esenciales para vehículos eléctricos, baterías y tecnologías renovables. Estudios indican que 12 estados brasileños tienen potencial en tierras raras, posicionando al país como la segunda mayor reserva mundial, detrás de China. Un informe proyecta ganancias de hasta 243 mil millones de reales (45 mil millones de dólares) para el PIB brasileño hacia 2050 si se expande la minería, según CNN Brasil.
Esta perspectiva ha tentado a empresas mineras, que han presentado más de 5.000 solicitudes en la Amazonía brasileña, cubriendo 26 millones de hectáreas (64.2 millones de acres), de acuerdo con un sondeo de InfoAmazonia. Más de mil de estas solicitudes están a menos de 10 km de territorios indígenas, con 390 superponiéndose directamente, violando ordenanzas que prohíben la minería en un radio de 10 km. Además, más de 1.200 superponen 107 unidades de conservación amazónicas.
En octubre de 2025, Repórter Brasil identificó 1.827 solicitudes para docenas de minerales críticos a menos de 40 km de grupos indígenas aislados, afectando al menos 45 grupos. De 7.718 solicitudes activas para 16 minerales en la Amazonía desde 1953 hasta septiembre de 2025, el 44% (3.392) se presentaron después de 2020. Esta investigación, en alianza con el Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados, destaca cómo la minería, junto con carreteras y agronegocios, es una causa principal de aislamiento indígena.
Miguel Aparicio, antropólogo y presidente del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados (OPI), con más de 30 años trabajando con estos grupos, enfatiza: "El aislamiento es una condición de supervivencia, debido a la minería, la construcción de carreteras y el agronegocio. Ahora, la presión se está acumulando realmente". Empresas como Anglo American Níquel Brasil lideran con 83 solicitudes activas para cobre en Mato Grosso y Pará, impactando comunidades aisladas.
Voces de Resistencia: Organizaciones Indígenas y Expertos Contra la "Amenaza Directa"
El senador Márcio Bittar defiende uno de los proyectos argumentando que regular actividades económicas en territorios tradicionales "no socavaría los derechos indígenas", sino que "asegura autonomía y soporte legal" para que las comunidades "decidan su futuro". Sin embargo, esto contrasta con el informe reciente de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que denuncia que abrir territorios a explotación representa "una amenaza directa a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Brasil".
En su Nota Técnica "Riesgos Constitucionales e Impactos Territoriales" sobre PL 1331/2022 y PL 6050/2023, la APIB —representante nacional de más de 300 grupos étnicos indígenas— argumenta que estas propuestas forman parte de un contexto político-legal marcado por intentos sistemáticos de debilitar protecciones constitucionales, bajo el pretexto de promover desarrollo nacional y certeza legal para el sector primario. Ignoran el derecho a consulta previa, libre e informada (Convención 169 de la OIT), flexibilizan el uso exclusivo de territorios (Artículo 231 de la Constitución) y perpetúan narrativas que presentan a los indígenas como obstáculos al desarrollo. La APIB exige el archivo inmediato de estos proyectos, junto con PECs 48/2023, 59/2023, 132/2015 y 10/2024, para respetar el Estado Democrático de Derecho y compromisos internacionales.
Esta no es la primera vez: en diciembre de 2023, el Congreso convirtió en ley la tesis del "marco temporal", pese a que la Corte Suprema la declaró inconstitucional semanas antes, limitando reclamos territoriales a tierras ocupadas físicamente el 5 de octubre de 1988. En febrero de 2025, un borrador del juez Gilmar Mendes propuso riesgos adicionales, abriendo áreas a minería, pero fue retirado tras críticas de más de 50 organizaciones, incluyendo APIB. "Bajo el supuesto de que la minería es una actividad estratégica de utilidad pública, se otorgan privilegios que permiten que sus intereses prevalezcan sobre derechos colectivos", denunciaron en conjunto.
Un Tirón de Guerra Histórico: Hacia la Destrucción o la Protección?
Araújo concluye que estos ataques no solo ignoran derechos indígenas, sino que debilitan la protección ambiental constitucional. "Las tierras indígenas protegen la organización social y cultural de los pueblos, además de servicios ecosistémicos cruciales. Protegerlas con bosques en pie es esencial contra el cambio climático. Estas propuestas deben debatirse con cautela extrema y participación intensa de organizaciones indígenas; en general, no las consideran y llevarán a destrucción generalizada".
Mientras el gobierno de Lula avanza en desalojos, el Congreso presiona por legalización. Organizaciones como Greenpeace, Amazon Watch y el Observatorio del Clima llaman a la acción global: rechazar la "genocidio legislativo" y priorizar una transición energética que no sacrifique la Amazonía. Como advierte la APIB, "derrotados son aquellos que no luchan". La esperanza radica en la resistencia indígena y la presión internacional para que Brasil no hipoteque su pulmón verde por minerales críticos.
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Fuentes principales: Mongabay (2025), APIB Nota Técnica (2025), Repórter Brasil (2025), Observatorio del Clima. Imágenes: Greenpeace, IBAMA (CC BY-SA 2.0), Instituto Socioambiental (ISA).
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