Por Observatorium Ambiental – Bucaramanga
El 25 de febrero de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un proyecto de decreto con medidas ambientales extraordinarias para enfrentar la grave emergencia provocada por un frente frío anómalo que ha generado precipitaciones históricas en múltiples regiones del país. Los departamentos más afectados incluyen Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó y La Guajira, donde se reportan inundaciones, deslizamientos y alteración sin precedentes del régimen hidrológico.
Las imágenes aéreas evidencian el alcance devastador: extensas zonas agrícolas y rurales sumergidas bajo aguas fangosas, con ríos como el San Jorge completamente desbordados.
Según el IDEAM y la UNGRD, más de 78.000 familias han resultado damnificadas solo en Córdoba, con desbordamientos en cuencas como la del río San Jorge y el Cauca (alerta roja en Eje Cafetero y zona de influencia). Este evento se asocia al desplazamiento atípico de masas de aire frío combinado con el ingreso de polvo del Sahara (monitoreado entre el 22 y 26 de febrero), lo que ha intensificado la saturación climática en un territorio ya vulnerable por la pérdida de cobertura vegetal, la ocupación de rondas hídricas y la ausencia de planificación territorial resiliente.
Los pronósticos del IDEAM muestran claramente la distribución de lluvias intensas y muy fuertes en el Caribe y zonas andinas, con alertas que se mantienen en rojo y naranja en gran parte del territorio.
Las medidas clave del decreto incluyen:
- Autorización temporal para intervenciones urgentes en cauces y zonas de ronda hidráulica con supervisión ambiental estricta.
- Planes de restauración y rehabilitación obligatorios en Parques Nacionales Naturales (con plazo máximo de 15 días para su activación).
- Refuerzo en la gestión del riesgo con énfasis en reducción de vulnerabilidades ecosistémicas y protección de la vida.
En comunidades urbanas y periurbanas, las calles se convierten en ríos improvisados, dejando a cientos de personas luchando por rescatar sus pertenencias y hogares.
Este escenario expone nuevamente la fragilidad de Colombia frente al cambio climático acelerado: los 552 municipios en alerta por deslizamientos (reportados en semanas previas) y la recurrencia de eventos extremos evidencian que la resiliencia territorial no puede limitarse a respuestas reactivas. La deforestación histórica en cuencas altas, la transformación de ecosistemas estratégicos y la débil implementación de planes de adaptación agravan los impactos en comunidades rurales y urbanas periféricas.
Equipos de emergencia y defensa civil trabajan en terreno para contener daños y asistir a las poblaciones afectadas, pero la magnitud del evento demanda una respuesta más estructural y preventiva.
Es imperativo avanzar hacia una gestión integrada del agua y los territorios: fortalecer los pagos por servicios ambientales hídricos, restaurar ecosistemas de alta montaña y páramos, y priorizar la reconversión productiva en zonas de riesgo. Solo con acciones preventivas y comunitarias se podrá mitigar el ciclo de crisis que se repite cada temporada invernal.
Observatorium Ambiental insta a las autoridades locales y nacionales a no subestimar la conexión entre deforestación, saturación climática y desastres recurrentes. Bucaramanga y Santander, aunque menos afectados en esta ola, no son ajenos: la calidad del aire y los patrones hidrológicos regionales demandan vigilancia permanente.
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