por Observatorium Ambiental
En las alturas del páramo de Santurbán, donde nace el agua que da vida al área metropolitana de Bucaramanga y a decenas de municipios santandereanos, se sigue escribiendo una de las páginas más emblemáticas de la defensa territorial en Colombia. No es solo un ecosistema estratégico; es un territorio vivo, habitado por comunidades campesinas que han entendido, mucho antes que muchos expertos, que el agua no se negocia.
El conflicto por Santurbán no es nuevo. Durante más de una década, las comunidades, junto con sectores académicos y ambientales de la región, han resistido los intentos de avanzar con proyectos de minería de oro a gran escala en un ecosistema de páramo cuya delicadeza ecológica es incuestionable. La delimitación del páramo, ordenada por la Corte Constitucional, ha sido un proceso tortuoso, marcado por dilataciones, presiones políticas y visiones encontradas sobre qué significa “desarrollo” en un territorio que ya entrega su principal riqueza: el agua.
Hoy, en 2026, el debate no ha terminado. Por el contrario, adquiere nuevos matices en medio de un contexto nacional donde la transición energética y la reactivación económica se invocan con frecuencia para justificar intervenciones que, una vez más, ponen en tensión la vida de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
El agua como bien común, no como recurso estratégico
Desde una perspectiva de ecología política, Santurbán representa el choque entre dos lógicas territoriales incompatibles: la del territorio entendido como mercancía (sujeto a concesiones, títulos mineros y tasas de rentabilidad) y la del territorio concebido como espacio de vida, reproducción cultural y soberanía alimentaria y hídrica.
Las comunidades de California, Vetas, Tona y otros municipios aledaños no defienden un “no” radical y abstracto. Defienden un modelo de ocupación territorial que ha permitido la coexistencia de la minería artesanal y tradicional con la conservación del páramo durante décadas. Lo que rechazan es la entrada de capitales transnacionales y tecnologías de explotación a gran escala que alteran drásticamente los flujos hídricos, contaminan fuentes y fragmentan el tejido social.
La experiencia regional es elocuente. En diferentes puntos de Santander —desde los Yariguíes hasta el sur del departamento— los megaproyectos extractivos han dejado un saldo de ríos contaminados, desplazamiento de campesinos, deterioro de la salud pública y debilitamiento de las economías locales basadas en la agricultura y la ganadería sostenible. El río Suratá, el Mogoticos y otros cuerpos de agua lo atestiguan.
Nuevos riesgos en un año electoral
El 2026 no es un año cualquiera. Con procesos electorales en el horizonte, el riesgo es que el páramo y otros territorios estratégicos se conviertan en moneda de cambio política. Las promesas de empleo y desarrollo económico suelen tener eco en poblaciones golpeadas por la pobreza histórica, pero la evidencia acumulada muestra que los beneficios de la gran minería suelen ser efímeros y concentrados, mientras los costos socioambientales se distribuyen de forma amplia y duradera.
A esto se suma el recrudecimiento de la violencia y las amenazas contra líderes y lideresas ambientales en Santander, uno de los departamentos más afectados en este sentido después de la firma del Acuerdo de Paz. La defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Hacia una defensa integral del territorio
Es necesario avanzar hacia una concepción más amplia de la defensa ambiental. No basta con oponerse a proyectos específicos; se requiere construir alternativas territoriales concretas: economía campesina fortalecida, turismo comunitario responsable, restauración ecológica participativa y gobernanza del agua desde las veredas y los acueductos veredales.
La Corte Constitucional ha sido clara en varios fallos: los páramos son bienes de interés colectivo y su protección debe primar sobre intereses económicos particulares. Cumplir esos mandatos no es un capricho ambientalista, es una cuestión de supervivencia para una región que ya sufre los efectos del cambio climático en forma de sequías prolongadas y variabilidad hídrica.
Santurbán no es solo un caso local. Es un símbolo de cómo los territorios colombianos resisten la lógica extractivista que ha marcado el modelo de desarrollo del país durante décadas. La pregunta que sigue abierta es si, como sociedad, estamos dispuestos a reconocer que el verdadero desarrollo pasa por cuidar las fuentes de vida o si continuaremos sacrificando el futuro de los territorios y sus comunidades en nombre de un progreso que rara vez llega a quienes más lo necesitan.
La resistencia en Santurbán y en otros territorios de Santander nos recuerda que el agua y el páramo no son recursos: son relaciones. Relaciones entre las montañas y las quebradas, entre las comunidades y su historia, entre las generaciones presentes y las que vendrán.
Cuidarlas no es una opción. Es una deuda con el territorio.
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