Por Observatorium Ambiental – Bucaramanga

La transición energética en Colombia se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la política ambiental contemporánea, enmarcada en compromisos internacionales como el Acuerdo de París y las metas de descarbonización proyectadas hacia 2050. Sin embargo, más allá del discurso institucional, el país enfrenta una compleja tensión estructural entre la necesidad de acelerar la descarbonización, garantizar seguridad energética y mantener condiciones atractivas para la inversión en proyectos sostenibles.

En los últimos años, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Ministerio de Minas y Energía, ha promovido una agenda orientada a reducir la dependencia de combustibles fósiles, impulsando el desarrollo de energías renovables no convencionales como la solar y la eólica. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colombia ha multiplicado su capacidad instalada en energías renovables en más de un 300 % en la última década, especialmente en regiones como La Guajira, donde el potencial eólico es uno de los más altos de América Latina.

No obstante, este proceso no ha estado exento de conflictos. La implementación de proyectos energéticos ha generado tensiones con comunidades locales, particularmente pueblos indígenas, quienes han manifestado preocupaciones relacionadas con el uso del territorio, la consulta previa y los impactos socioambientales. Este escenario evidencia que la transición energética no es únicamente un desafío técnico, sino también un proceso profundamente territorial y social.

En paralelo, el país ha planteado cambios en su relación con los mecanismos internacionales de arbitraje de inversión, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales. Desde una perspectiva ambiental, esta decisión busca otorgar mayor autonomía en la toma de decisiones sobre proyectos estratégicos, incluyendo aquellos relacionados con la transición energética. Sin embargo, organismos como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) advierten que la estabilidad jurídica es un factor clave para atraer inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructura energética sostenible.

Desde el punto de vista técnico, la transición energética implica no solo la sustitución de fuentes de generación, sino también la transformación de redes de transmisión, sistemas de almacenamiento y gestión de la demanda. La integración de energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, requiere avances en tecnologías como baterías de gran escala y sistemas inteligentes de distribución, conocidos como smart grids, que permiten optimizar el flujo de energía en tiempo real.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha señalado que Colombia es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, particularmente a fenómenos como El Niño, que afectan la disponibilidad hídrica y, por ende, la generación hidroeléctrica, que actualmente representa cerca del 70 % de la matriz energética del país. Esta dependencia resalta la urgencia de diversificar las fuentes de energía para garantizar resiliencia frente a variabilidad climática.

En este contexto, la transición energética también se vincula con la economía circular y la innovación tecnológica. El desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, se perfila como una alternativa estratégica para reducir emisiones en sectores industriales difíciles de descarbonizar. Colombia ha comenzado a explorar esta ruta, con el apoyo de instituciones internacionales y alianzas público-privadas.

A nivel regional, América Latina enfrenta desafíos similares. Países como Chile y Brasil han avanzado significativamente en la incorporación de energías renovables, pero también han experimentado tensiones relacionadas con el uso del territorio y la distribución de beneficios. Este panorama sugiere que la transición energética en la región requiere enfoques integrales que articulen ciencia, política y participación ciudadana.

El impacto socioeconómico de esta transformación es igualmente relevante. La transición energética puede generar empleo verde y dinamizar economías locales, pero también implica la reconversión de sectores tradicionales como el carbón y el petróleo. Este proceso debe gestionarse de manera justa para evitar profundizar desigualdades y garantizar oportunidades equitativas.

En términos de política pública, Colombia ha avanzado en la formulación de instrumentos como la Ley de Transición Energética y la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que establecen lineamientos para el desarrollo del sector. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de la articulación entre actores institucionales, sector privado y comunidades.

Desde Observatorium Ambiental consideramos que la transición energética no puede reducirse a un cambio tecnológico, sino que debe entenderse como una transformación estructural del modelo de desarrollo. La evidencia científica y la experiencia internacional demuestran que el éxito de este proceso depende de su capacidad para integrar sostenibilidad ambiental, equidad social y viabilidad económica en un mismo marco de acción.

Observatorium Ambiental: conocimiento para la acción ecológica.