Por Observatorium Ambiental
17 de Noviembre del 2025 | Biodiversidad
En el corazón del desierto de Atacama, donde Bolivia, Argentina y Chile convergen, se encuentra el llamado “Triángulo del Litio”: el mayor reservorio de este mineral estratégico del planeta. Lo que alguna vez fue un paisaje de salares blancos y silenciosos, hoy es el epicentro de una nueva fiebre extractiva que promete impulsar la transición energética global, pero a un costo ambiental y social que ya se hace imposible ignorar.
El litio es el metal clave para baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía renovable y tecnologías de descarbonización. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda mundial de litio podría multiplicarse por 40 para 2040. América Latina, con más del 60% de las reservas probadas, está en el centro de esta carrera.
Sin embargo, la extracción de litio en salares no es limpia ni inocua. El método dominante —evaporación de salmuera— requiere bombear enormes volúmenes de agua subterránea salobre hacia piscinas artificiales, donde el sol evapora el agua y concentra el litio. En un ecosistema desértico donde el agua ya es escasa, este proceso puede consumir hasta 500.000 litros de agua por tonelada de litio producida, según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en Bolivia y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
En el salar de Uyuni (Bolivia), el más grande del mundo, comunidades quechua y aimara denuncian que los proyectos extractivos han secado pozos ancestrales, reducido la disponibilidad de agua para ganadería y agricultura de subsistencia, y alterado la salinidad de los humedales, poniendo en riesgo a especies como el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), declarado vulnerable por la UICN.
En Argentina, el salar del Hombre Muerto y el de Olaroz-Cauchari han visto un auge de proyectos que, según informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organizaciones indígenas, han provocado la disminución de napas freáticas en hasta 30 metros en algunas zonas, afectando directamente a comunidades que dependen de pozos artesanales. En Chile, el salar de Atacama —donde opera SQM y Albemarle— ha perdido más del 60% de su superficie de lagunas superficiales desde los años 80, según datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
El impacto va más allá del agua. La construcción de caminos, plantas de procesamiento y ductos fragmenta hábitats, genera polvo con metales pesados y altera los ciclos hidrológicos de los salares, que actúan como reguladores naturales de la humedad regional. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la “fiebre verde” del litio corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de despojo y contaminación que caracterizaron al extractivismo clásico del cobre y el petróleo.
Las comunidades indígenas —que custodian el 80% de los salares en disputa— exigen consulta previa, libre e informada, y participación en los beneficios. En muchos casos, los acuerdos han sido opacos o insuficientes, generando protestas y conflictos socioambientales que se intensificaron en 2025. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha llamado a una gobernanza regional del litio que priorice la justicia ambiental y la soberanía sobre los recursos.
Desde Observatorium Ambiental sostenemos que la transición energética no puede construirse sobre la destrucción de ecosistemas frágiles ni sobre la profundización de desigualdades. El litio puede ser una herramienta para descarbonizar el mundo, pero solo si se extrae con criterios estrictos de sostenibilidad, respeto a los derechos indígenas y restauración integral de los salares. De lo contrario, estaremos cambiando un combustible fósil por otro tipo de sacrificio: el de los paisajes más antiguos y áridos del planeta, que hoy pagan el precio de nuestra movilidad “verde”.
El desierto no olvida. Y los salares, menos aún.
.png){kind=logo}
.jpeg)
