Mientras el discurso global insiste en la transición hacia energías limpias, América Latina continúa ocupando un lugar central en el mapa del extractivismo mundial. Petróleo, gas, minerales estratégicos y biodiversidad convierten a la región en un territorio clave para las economías industriales, pero también en uno de los escenarios más vulnerables frente a la crisis climática, la degradación ambiental y los conflictos socioecológicos.
De acuerdo con análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), América Latina aporta menos del 10 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, pero concentra algunos de los impactos más severos del calentamiento global: alteración de regímenes de lluvia, pérdida acelerada de glaciares, estrés hídrico, incendios forestales y colapso de ecosistemas costeros. Esta asimetría ha reforzado un patrón histórico: la región absorbe costos ecológicos que no diseñó.
El petróleo sigue ocupando un lugar estructural en esta ecuación. Informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que, pese al auge de las renovables, varios países continúan dependiendo fiscalmente de los hidrocarburos. Esta dependencia limita la velocidad de la transición energética y perpetúa economías vulnerables a la volatilidad del mercado global.
Colombia y Venezuela representan dos expresiones distintas del mismo dilema. En Colombia, estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y de universidades nacionales muestran que gran parte de los bloques petroleros y mineros se superponen con áreas de alta biodiversidad, cuencas abastecedoras y territorios étnicos. La expansión extractiva no solo implica deforestación y contaminación, sino también conflictos sociales, fragmentación territorial y debilitamiento de la gobernanza ambiental.
En Venezuela, la crisis ambiental se entrelaza con el colapso institucional. Investigaciones de organizaciones independientes y centros académicos han documentado cómo la degradación de infraestructuras petroleras, junto con la minería ilegal, ha generado focos severos de contaminación por hidrocarburos y mercurio, afectando ríos, suelos y comunidades indígenas. La crisis ecológica se convierte así en una dimensión más de la crisis humanitaria.
El World Resources Institute (WRI) advierte que la presión sobre los territorios latinoamericanos está mutando: al extractivismo clásico se suma ahora una “fiebre verde” por litio, cobre y tierras raras, indispensables para tecnologías renovables. Sin una planificación ecológica rigurosa, la transición corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de despojo bajo un nuevo discurso.
A este escenario se superponen economías ilegales que intensifican el deterioro ambiental. Estudios del PNUD indican que narcotráfico, minería ilegal y deforestación forman circuitos interdependientes que degradan ecosistemas, financian violencia y erosionan la autoridad estatal. La frontera entre crimen organizado y extractivismo informal se vuelve cada vez más difusa.
Expertos en gobernanza ambiental coinciden en que el núcleo del problema no es únicamente energético, sino político. El Stockholm Environment Institute subraya que sin reforma institucional, planificación territorial vinculante y participación comunitaria real, América Latina seguirá siendo proveedora de materias primas en un mundo que externaliza sus impactos ecológicos.
Desde Observatorium Ambiental sostenemos que la región enfrenta una decisión histórica: continuar como zona de sacrificio del sistema global o convertirse en laboratorio de modelos post-extractivos basados en justicia ambiental, diversificación productiva y soberanía ecológica.
El siglo XXI no se definirá solo por qué energía usamos, sino por qué territorios estamos dispuestos a seguir sacrificando para sostenerla.
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