Balance ambiental 2025: Perú, minería ilegal y retos para la conservación

 

Por el Equipo de Observatorium Ambiental
5 de diciembre de 2025
Categoría: Política ambiental / Reporte

El 2025 cierra para Perú con un balance ambiental que expone tensiones profundas entre economía extractiva, conservación y la capacidad institucional para enfrentar delitos ambientales. La minería ilegal se mantiene como el epicentro de las preocupaciones, impulsando deforestación acelerada, contaminación por mercurio y conflictos socioambientales que se intensifican en regiones amazónicas. A esto se suman presiones crecientes sobre la pesca, recortes presupuestales en áreas protegidas y un Estado que lucha por contener una red cada vez más compleja de economías ilícitas vinculadas al oro, a la tala y al tráfico de fauna.

Un informe analítico presentado por Mongabay Latam muestra que los retrocesos no son homogéneos: hay regiones donde las comunidades organizadas y los guardaparques han logrado frenar la degradación, pero también áreas donde la gobernanza es frágil o inexistente. En Madre de Dios, por ejemplo, la minería aurífera ilegal avanza desde nuevas rutas fluviales, ampliando sus operaciones hacia zonas que antes permanecían relativamente aisladas. Científicos del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) advierten que “el mercurio sigue recorriendo la cadena alimenticia, afectando peces de consumo tradicional y poniendo en riesgo la salud de comunidades indígenas y rurales”.

En la costa del Pacífico peruano el panorama tampoco es alentador. Pescadores artesanales alertan sobre el colapso de pesquerías clave como la pota y algunas especies de tiburones, que enfrentan presión por sobreexplotación y pesca incidental. Aunque el país cuenta con una estrategia de manejo, organizaciones como Oceana señalan que las medidas de vigilancia continúan siendo insuficientes frente a embarcaciones industriales que operan en zonas prohibidas, afectando a miles de familias.

La presión sobre las áreas naturales protegidas constituye otro foco crítico. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) ha sufrido ajustes presupuestales que comprometen el monitoreo y las patrullas en zonas vulnerables. Esto ha facilitado que redes dedicadas a la tala ilegal ingresen mediante rutas secundarias en parques como Bahuaja-Sonene y Alto Purús, aprovechando la limitada capacidad operativa. La pérdida de cobertura boscosa no es solo un problema ecológico: afecta la retención de carbono, la estabilidad hídrica y la resiliencia climática de territorios enteros.

A pesar de este panorama complejo, hay señales de resistencia. Comunidades indígenas en Ucayali y Loreto han fortalecido sistemas de vigilancia autónoma equipados con GPS, drones y monitoreo satelital. Estas acciones han permitido documentar alertas tempranas de deforestación y entregar evidencia clave para procesos judiciales. “El bosque se protege desde el territorio, no desde un escritorio”, señala la lideresa shipibo-konibo, Marisol García, quien ha impulsado redes comunitarias de guardia forestal.

El informe también destaca la urgencia de implementar mecanismos económicos para la conservación. Experiencias piloto de pagos por servicios ecosistémicos y contratos de manejo comunitario han demostrado ser herramientas eficaces, pero requieren continuidad y financiamiento estable. “Las comunidades quieren conservar, pero no pueden hacerlo solas”, indica un investigador de la Universidad Nacional Agraria.

Uno de los retos más sensibles es la gobernanza del oro. Perú anunció en 2025 nuevas fiscalizaciones para frenar el lavado asociado a la minería ilegal, pero expertos señalan que la cadena de valor del oro aún presenta vacíos legales. A esto se suma la necesidad de acuerdos regionales, ya que los campamentos ilegales se desplazan fácilmente hacia Brasil o Bolivia para evadir controles.

La academia peruana ha insistido en que el país debe asumir un enfoque integral: fortalecer instituciones, reducir la informalidad, mejorar trazabilidad de productos, promover alternativas económicas y garantizar derechos territoriales de comunidades indígenas. Todos estos elementos son indispensables si se quiere cumplir con los compromisos climáticos y de biodiversidad para 2030.

En Observatorium Ambiental reconocemos que el balance del 2025 no es solo un listado de problemas: es un llamado urgente a actuar coordinadamente. La Amazonía no es una estadística; es hogar, cultura, refugio climático y patrimonio global. Transformar el rumbo implica educación, participación ciudadana, políticas coherentes y, sobre todo, voluntad colectiva.

En un país donde las decisiones ambientales impactan generaciones, cada acción cuenta. Defender el bosque es defender el futuro.

Referencia principal: Mongabay Latam — “Balance ambiental 2025: Perú, minería ilegal y retos para la conservación”.