Durante 2025, Ecuador volvió a situarse entre los países latinoamericanos con mayores tensiones entre conservación ambiental, economías ilegales y expansión extractiva. A pesar de compromisos internacionales en materia de biodiversidad y clima, el cierre del año deja un panorama marcado por el avance de la minería, la presión petrolera y el aumento de amenazas contra defensores ambientales.
De acuerdo con reportes de Global Forest Watch, Ecuador mantiene una de las tasas más altas de pérdida de bosque primario en la región andino-amazónica. La deforestación se concentra especialmente en zonas de alta biodiversidad como Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas, donde la apertura de vías ilegales, la minería aurífera y la expansión de monocultivos han fragmentado ecosistemas estratégicos.
Investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que las economías ilegales operan como un motor silencioso de degradación ambiental. Minería ilícita, tráfico de madera y rutas del narcotráfico se superponen territorialmente, generando un entramado de violencia, contaminación por mercurio y pérdida acelerada de cobertura vegetal.
Uno de los elementos más alarmantes del año ha sido el deterioro de las condiciones para quienes defienden el territorio. Informes de Global Witness ubican nuevamente a Ecuador entre los países con mayores riesgos para líderes ambientales. Amenazas, desplazamientos forzados y procesos judiciales contra comunidades indígenas y afrodescendientes reflejan una gobernanza ambiental debilitada.
Desde la academia, el Instituto de Investigaciones Amazónicas (IKIAM) ha advertido que la degradación no solo implica pérdida de biodiversidad, sino alteraciones profundas en los ciclos hidrológicos regionales. La deforestación en cabeceras de cuenca compromete la regulación del agua, incrementa la erosión y eleva la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías.
El discurso del desarrollo continúa justificando proyectos extractivos como vía de crecimiento económico. Sin embargo, estudios de la CEPAL muestran que estos modelos tienden a concentrar beneficios, mientras externalizan costos ambientales y sociales sobre comunidades rurales, profundizando desigualdades históricas.
Al mismo tiempo, experiencias locales demuestran que existen alternativas viables. Iniciativas de bioeconomía, turismo comunitario y manejo forestal sostenible documentadas por la FAO han mostrado impactos positivos en conservación y generación de ingresos, cuando existe apoyo institucional real y seguridad territorial.
El balance ambiental de Ecuador en 2025 deja una conclusión incómoda: la crisis ecológica no es consecuencia de ausencia de conocimiento, sino de decisiones políticas y económicas que siguen priorizando la renta a corto plazo sobre la estabilidad de los ecosistemas.
En Observatorium Ambiental sostenemos que ningún país megadiverso puede hablar de futuro mientras convierte sus bosques en zonas de sacrificio.
Cuando defender la vida se vuelve peligroso, no estamos ante un problema ambiental, sino ante una fractura ética del Estado.
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