Por Observatorium Ambiental
30 de diciembre de 2025 | Crisis socioambiental — Energía, crimen organizado y gobernanza
La crisis ambiental en América Latina ha dejado de ser únicamente un asunto ecológico para convertirse en un factor central de inestabilidad social, política y territorial. En regiones donde confluyen explotación petrolera, economías ilícitas y débil presencia estatal, la degradación de los ecosistemas avanza al mismo ritmo que el control de grupos armados y redes criminales. Colombia y Venezuela se han convertido en epicentros de esta convergencia entre colapso ambiental y crisis de gobernanza.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los territorios con mayor riqueza ecológica del continente —Amazonía, Orinoquía, cuencas del Caribe y sistemas andinos— coinciden con zonas de alta presión extractiva y expansión de economías ilegales. Esta superposición no es casual: son regiones remotas, con baja institucionalidad, donde los costos ambientales pueden externalizarse sin control efectivo.
En Colombia, estudios del IDEAM, del Instituto SINCHI y de universidades públicas han documentado cómo la deforestación, la contaminación por hidrocarburos, la minería ilegal y los cultivos ilícitos forman un mismo entramado territorial. La apertura de trochas, los derrames de crudo, el uso de mercurio y la quema de bosques no solo destruyen ecosistemas estratégicos, sino que consolidan corredores para el narcotráfico y la apropiación ilegal de tierras.
Investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que estas dinámicas crean economías locales altamente dependientes de actividades ilícitas, donde la destrucción ambiental se convierte en un efecto colateral normalizado. La selva deja de ser un sistema vivo y pasa a ser un obstáculo logístico o una mercancía.
En Venezuela, el deterioro de la infraestructura petrolera y el auge de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco han configurado un escenario de alto riesgo ecológico. Informes de centros de investigación latinoamericanos y organizaciones científicas han advertido sobre la liberación masiva de contaminantes, la alteración de grandes cuencas fluviales y la afectación directa a pueblos indígenas. La crisis ambiental se superpone a la crisis política y humanitaria, amplificando sus impactos.
El Stockholm Environment Institute y el World Resources Institute (WRI) han alertado que cuando el control del territorio se desplaza del Estado hacia actores armados o economías criminales, la capacidad de proteger ecosistemas colapsa. No existe política ambiental viable donde no hay seguridad jurídica, monitoreo ni autoridad legítima.
A esta ecuación se suma la persistente dependencia del petróleo. La CEPAL ha subrayado que los países con alta renta extractiva tienden a retrasar la diversificación productiva, profundizando vulnerabilidades económicas y territoriales. En contextos frágiles, el petróleo no actúa como motor de desarrollo, sino como catalizador de conflicto, corrupción y degradación ecológica.
Expertos en gobernanza ambiental coinciden en que la crisis actual no se resuelve con más operativos ni únicamente con transición energética. Se trata de una crisis estructural de modelo territorial. Sin alternativas económicas legales, sin presencia integral del Estado y sin fortalecimiento comunitario, los ecosistemas seguirán siendo absorbidos por circuitos de violencia y saqueo.
Desde Observatorium Ambiental advertimos que la defensa del ambiente en América Latina es hoy inseparable de la defensa de la vida, la legalidad y la soberanía territorial. Proteger ríos, bosques y suelos implica disputar el control de los territorios donde hoy se reproduce la economía de la destrucción.
Cuando la selva se convierte en botín, la crisis deja de ser ambiental: se convierte en una amenaza directa al futuro de la región.
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