por Observatorium ambiental
Colombia ha sido testigo de una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente, centrada principalmente en el departamento de Córdoba, donde inundaciones masivas han devastado comunidades enteras a lo largo del río Sinú. Este fenómeno, atribuido a un frente frío atípico que ha generado lluvias torrenciales durante la temporada seca habitual, ha sido agravado por la gestión de la represa Urrá, un megaproyecto hidroeléctrico que ha sido criticado por ambientalistas y líderes indígenas desde su construcción. Según Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las precipitaciones en Córdoba han aumentado en un 1.600% respecto a los niveles históricos para febrero, inundando más de 40.000 hectáreas y afectando a más de 120.000 personas. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad (sucesora de Irene Vélez en temas ambientales), ha enfatizado que este evento no es solo climático, sino que revela fallas en la infraestructura humana, citando informes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que señalan incumplimientos en los niveles de embalse de Urrá. Líderes indígenas como los herederos de Kimy Pernía Domicó, un activista embera desaparecido en 2001 por oponerse a la represa, han revivido sus advertencias sobre cómo Urrá alteraría el equilibrio ecológico del Sinú, afectando la biodiversidad y las comunidades ribereñas.
La represa Urrá, inaugurada en 2000, fue diseñada para generar 340 MW de energía hidroeléctrica, pero su impacto ambiental ha sido debatido extensamente por expertos como el ingeniero Carlos Diago, quien explica que el proyecto original incluía una segunda fase (Urrá II) para manejar crecientes mayores, la cual nunca se construyó. En febrero de 2026, la ANLA inició un proceso sancionatorio contra la empresa operadora de Urrá por exceder los niveles máximos de embalse en un 30% durante 2025 y un 20% en años previos, lo que redujo su capacidad para absorber las lluvias inesperadas causadas por condiciones similares a La Niña. La vicepresidenta Francia Márquez, reconocida líder ambiental y social afrocolombiana, ha denunciado públicamente que esta negligencia representa un "crimen ambiental" contra las poblaciones vulnerables, recordando sus campañas contra megaproyectos que priorizan el lucro sobre la sostenibilidad, como se vio en su oposición a la minería ilegal en el Cauca. Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) confirman que más de 40.000 familias han sido afectadas, con municipios como Tierralta y Cereté sumergidos bajo el agua, destacando la vulnerabilidad de las zonas rurales donde la agricultura y la pesca son el sustento principal.
Las inundaciones han provocado al menos 22 muertes a nivel nacional, con 14 de ellas en Córdoba y Sucre, según datos del UNGRD y reportes de medios como Noticias Caracol. El ministro de Gobierno, Armando Benedetti, ha criticado la construcción de Urrá por desviar el curso natural del Sinú, dañando la manutención de campesinos e indígenas, y beneficiando solo a unos pocos municipios a expensas de la región entera. Líderes sociales como NeLiTa (activista en redes sociales), han revivido la memoria de Kimy Pernía Domicó, quien predijo este desastre hace 25 años, advirtiendo sobre la alteración del flujo hídrico que hoy causa inundaciones "provocadas" por la priorización de la venta de energía sobre la protección comunitaria. Expertos en hidrología, como los del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), atribuyen parte del fenómeno a patrones climáticos globales, pero insisten en que la gestión humana, incluyendo el sobreembalsamiento, ha amplificado los daños, afectando ecosistemas como los manglares del Sinú que actúan como barreras naturales contra inundaciones.
El impacto en la biodiversidad es alarmante: el desbordamiento del Sinú ha contaminado aguas con sedimentos y desechos agrícolas, amenazando especies endémicas como el bocachico y afectando la cadena alimentaria de comunidades indígenas embera. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, ha señalado que Urrá incumplió sistemáticamente sus protocolos, agravando las inundaciones, y cita estudios ambientales que muestran cómo la represa ha alterado los ciclos de inundación natural que fertilizaban las tierras ribereñas. Líderes ambientales como Greta Thunberg, en un contexto global, han inspirado movimientos locales, pero en Colombia, figuras como Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente, han abogado por revisiones estrictas a proyectos hidroeléctricos, argumentando que ignoran los riesgos climáticos exacerbados por el cambio global.
Comunidades en Córdoba, como las de Montería y Lorica, han visto sus hogares sumergidos, con miles desplazados hacia refugios temporales, según Americares y el UNGRD. La líder social Francia Márquez ha enfatizado la intersección de esta crisis con desigualdades raciales y económicas, ya que afecta desproporcionadamente a poblaciones afro e indígenas, recordando sus luchas en La Toma contra proyectos extractivos que desplazan comunidades. Autores como los de Jacobin Magazine han documentado cómo el Sinú representa violencia impulsada por el lucro, con la represa simbolizando destrucción ambiental y conflicto armado histórico en la región.
La respuesta gubernamental ha incluido la declaración de calamidad pública en Córdoba, con despliegue de equipos de rescate y ayuda humanitaria, pero críticos como Jorge Cura Amar, periodista local, cuestionan por qué Urrá no anticipó el fenómeno a pesar de advertencias climáticas. Líderes indígenas, inspirados en el legado de Kimy Pernía Domicó, exigen compensaciones y reformas, citando tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas. Expertos del NOAA-CPC han pronosticado más lluvias, urgiendo a integrar modelos climáticos en la gestión de represas para prevenir futuras catástrofes.
Económicamente, las inundaciones han destruido cultivos y ganado, con pérdidas estimadas en millones, afectando la cadena de suministro alimentario en el Caribe colombiano. El presidente Gustavo Petro ha propuesto medidas fiscales para financiar la recuperación, pero líderes como Susana Muhamad insisten en que la prioridad debe ser la transición energética sostenible, alejada de represas vulnerables al clima. Autores ambientales como Thomas Lovejoy, pionero en biodiversidad, habrían advertido sobre la fragmentación de ríos como el Sinú, que reduce la resiliencia ecológica.
La salud pública emerge como una preocupación secundaria, con riesgos de enfermedades como el cólera debido a aguas contaminadas por cadáveres de animales y desechos. Líderes sociales como Mar Monte han alertado sobre esta "emergencia inminente", urgiendo al Ministerio de Salud a intervenir. Expertos de la OMS, en contextos similares, recomiendan monitoreo epidemiológico, pero en Córdoba, la falta de infraestructura agrava el problema.
A nivel global, este evento resalta la interconexión del cambio climático con infraestructuras obsoletas, como lo ha estudiado el IPCC en informes sobre vulnerabilidad en América Latina. Líderes como Vandana Shiva, activista india por el agua, inspiran llamados locales a proteger ríos como bienes comunes, no commodities. En Colombia, figuras como Manuel Rodríguez Becerra abogan por políticas integrales que incluyan consulta previa con comunidades.
Finalmente, las lecciones de Urrá deben impulsar reformas regulatorias, como propone la ANLA, para evitar que megaproyectos prioricen ganancias sobre vidas. Líderes indígenas continúan la lucha de Pernía Domicó, demandando justicia ambiental. Autores como Elizabeth Peredo, de la Fundación Solón, enfatizan la necesidad de enfoques ecofeministas en la gestión del agua.
Esta crisis en Córdoba nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro pacto con la naturaleza en un mundo alterado por el cambio climático y el desarrollo irresponsable. La represa Urrá, símbolo de progreso energético, se ha convertido en un recordatorio trágico de cómo ignorar voces indígenas y científicas conduce a desastres humanitarios. Como sociedad, debemos priorizar la equidad ambiental, integrando saberes ancestrales con tecnología sostenible, para que eventos como estos no se repitan. La resiliencia no radica en dominar ríos, sino en convivir con ellos, honrando líderes como Kimy Pernía Domicó y Francia Márquez que nos guían hacia un futuro más justo.
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