Por Observatorium Ambiental – Bucaramanga
En las costas del Caribe colombiano, donde convergen ecosistemas marinos, bosques secos tropicales y dinámicas sociales complejas, se está gestando uno de los movimientos geopolíticos más relevantes en la historia reciente de la gobernanza ambiental global. Colombia ha convocado a más de 45 países a una conferencia internacional en Santa Marta con el objetivo de construir una coalición capaz de acelerar la transición más allá de los combustibles fósiles, en un contexto donde la crisis climática exige respuestas estructurales y urgentes.
Este encuentro representa un giro estratégico frente a la inercia de los procesos multilaterales tradicionales. Tras los resultados limitados de la COP30, donde no se lograron compromisos vinculantes sobre la eliminación de petróleo, gas y carbón, Colombia decidió liderar un espacio alternativo enfocado directamente en el núcleo del problema: la dependencia estructural de los combustibles fósiles como motor energético global.
La coalición, denominada por algunos analistas como una “alianza de los dispuestos”, reúne tanto países productores como consumidores de hidrocarburos, lo que introduce un elemento inédito en la diplomacia climática: la posibilidad de diálogo entre actores históricamente enfrentados en torno a la transición energética. Esta diversidad representa aproximadamente una quinta parte de la producción mundial de combustibles fósiles y cerca de un tercio de su consumo, lo que otorga al proceso un peso significativo en el escenario global.
Desde el punto de vista científico, el enfoque de esta coalición responde a una evidencia ampliamente respaldada por organismos internacionales como el IPCC: la quema de combustibles fósiles es responsable de más del 75 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Reducir su uso no es solo una opción política, sino una condición necesaria para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, tal como lo establece el Acuerdo de París.
Sin embargo, el desafío no es únicamente ambiental. En el caso colombiano, cerca del 40 % de los ingresos fiscales provienen de la explotación de petróleo y carbón, lo que evidencia una fuerte dependencia económica que complejiza cualquier proceso de transición. Este escenario plantea una tensión estructural entre sostenibilidad y estabilidad macroeconómica, obligando a diseñar estrategias de diversificación productiva que garanticen una transición justa.
En América Latina, esta discusión adquiere una dimensión adicional. La región posee vastos recursos naturales estratégicos —desde litio hasta biodiversidad— que pueden convertirse en pilares de una economía descarbonizada. Sin embargo, también enfrenta problemas históricos de desigualdad, extractivismo y debilidad institucional que podrían replicarse en nuevas formas si la transición energética no se gestiona con criterios de justicia ambiental y participación territorial.
Uno de los aspectos más innovadores de la conferencia de Santa Marta es su enfoque en mecanismos concretos de implementación. A diferencia de otras cumbres, este espacio busca articular soluciones financieras, tecnológicas y sociales que permitan abandonar progresivamente los combustibles fósiles sin generar crisis energéticas ni exclusión social. Esto incluye debates sobre eliminación de subsidios fósiles, inversión en energías renovables y protección de comunidades dependientes de economías extractivas.
El componente social es especialmente relevante. La transición energética no solo implica cambiar fuentes de energía, sino transformar territorios, economías locales y formas de vida. En este sentido, la participación de comunidades indígenas, organizaciones sociales y academia en el proceso refleja un intento por democratizar la gobernanza ambiental, integrando conocimientos tradicionales con innovación científica.
A nivel geopolítico, la iniciativa también revela las fracturas del sistema internacional. La ausencia de grandes emisores como Estados Unidos o China en este tipo de coaliciones evidencia la dificultad de alcanzar consensos globales, pero al mismo tiempo abre la puerta a que bloques regionales y países del sur global lideren agendas climáticas con mayor autonomía.
En este contexto, Colombia emerge como un actor bisagra entre el mundo desarrollado y el sur global, capaz de articular discursos de justicia climática con propuestas concretas de transición energética. Este liderazgo no solo redefine su papel en la política internacional, sino que también plantea interrogantes sobre su coherencia interna, especialmente frente a decisiones como la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera.
La conferencia de Santa Marta, más allá de sus resultados inmediatos, podría marcar un punto de inflexión en la manera en que el mundo aborda la crisis climática. Si logra consolidar una hoja de ruta viable, esta coalición podría influir directamente en futuras negociaciones internacionales y acelerar la transformación del sistema energético global hacia modelos más sostenibles.
En un mundo donde la urgencia climática ya no admite dilaciones, iniciativas como esta evidencian que la transición energética no es solo un desafío tecnológico, sino una redefinición profunda de las relaciones entre naturaleza, economía y sociedad.
Observatorium Ambiental: conocimiento para la acción ecológica.
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